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RESUMEN

Este documento aborda de frente la cuestión de la reparación integral de los sectores afectados por la violencia en Colombia. Con base en un detallado recuento del aniquilamiento del movimiento político de izquierda Unión Patriótica, reclama la necesidad de categorizar la experiencia de este grupo como un auténtico genocidio y propone abordar seriamente las responsabilidades que quepan. Esto no sólo para resolver la marginación individual de los miembros del movimiento sino también para dar contenido a un sistema político que los autores consideran basado en la exclusión de la disidencia. El documento sugiere que la eliminación física y la estigmatización de un grupo social y político constituyen pobres pilares y comprometen seriamente la legitimidad de un eventual post-conflicto.

Las experiencias actuales de sociedades en post-conflicto reafirman que la superación de la violencia armada y social en un contexto transicional implica transformaciones que rebasan de lejos las fórmulas simplistas de perdón incondicional. En la mayoría de los casos, el fin de las guerras internas, o de los regímenes autoritarios, ha sido seguido por procesos limitados en materia de verdad y justicia, que han provocado que las sociedades tengan que regresar,

* Licenciado en Filosofía de la Universidad de Sofía, D.E.A. en Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyón (Francia) e investigador en Ciencias Sociales. Dirige la Fundación "Manuel Cepeda Vargas" que aboga por la defensa de los derechos humanos y la construcción de la memoria histórica contra la impunidad y el olvido.

** Psicóloga de la Universidad de los Andes, investigadora en derechos humanos. Coordinadora de investigaciones de la Fundación "Manuel Cepeda Vargas".

una y otra vez, sobre aspectos inconclusos del examen del pasado cruento.1 En referencia a este fenómeno, podría hablarse de "transiciones eternas" para designar ese limbo en el que, por largas etapas, no acaba de elaborarse de una vez por todas la cuestión de las responsabilidades de las graves violaciones a los derechos humanos. Tampoco se ha resuelto satisfactoriamente en esos contextos la cuestión de la reparación integral de los sectores afectados por la violencia, y en no pocas ocasiones se constata que no se llevan a cabo programas concretos para solucionar la pobreza y la marginalidad social en que se encuentran las víctimas individuales y colectivas, y, en lugar de ello, se invierten recursos ingentes en garantizar el bienestar de los autores de los hechos de violencia.

El camino recorrido por diversos pueblos en pos de un futuro no violento muestra que, además de transformaciones estructurales, la democratización de la sociedad supone el debate público sobre los crímenes del pasado. En este orden de ideas, el trabajo de memoria, las audiencias públicas de las comisiones de esclarecimiento y los grandes juicios son ejercicios liberadores en una sociedad que ha tenido que guardar silencio por largos períodos, o en la que quienes han hablado han sido silenciados definitivamente. La controversia pública acerca del pasado sangriento, la calificación legal de los crímenes masivos y su historización son procedimientos de educación cívica saludables para la sociedad.

Esta manera de concebir el ambiente necesario para la salida de la guerra, o de un sistema totalitario, se distancia de una rígida disyuntiva entre el perdón incondicional o el castigo a ultranza. El acento no recae en si se perdona o se castiga, sino en los procedimientos que puedan abrir la puerta a la democratización y la transformación social. La justicia no es pensada únicamente desde su aspecto estrictamente judicial. El disenso sobre un pasado doloroso y su trámite público—en los tribunales, las comisiones de esclarecimiento, los medios de comunicación o las instituciones—es ante todo un proceso político, esto es, un espacio que no fragiliza los acuerdos de paz y más bien proporciona sólidos cimientos a un pacto de convivencia duradero.

Pero sentar las premisas adecuadas para ese trabajo liberador sólo es viable si se rompe el monopolio del acceso a la deliberación pública y en ella puedan participar corrientes de opinión diferentes a las de quienes defienden la impunidad o el modelo de soberanía que ha engendrado las formas de arbitrariedad del pasado. Las personas y comunidades que han sufrido el impacto de la violencia, y que son su memoria viviente, deben ser también escuchadas. Sólo su voz y su

1 Tal vez el ejemplo actual más paradigmático de esta situación es el caso de España, un país que, después de haber realizado su transición a la democracia en la década de 1970, ha tenido que emprender procesos de esclarecimiento sobre crímenes perpetrados setenta años atrás bajo el régimen del dictador Francisco Franco.

presencia en el debate público garantiza que la sociedad comprenda, en todas sus dimensiones y en toda su crudeza, el daño que le ha causado la violencia sin límites propia de la guerra o del ejercicio despótico del poder. Por eso, es a menudo gracias a los testimonios de las víctimas—recogidos por las comisiones extrajudiciales de esclarecimiento o "comisiones de la verdad"—que una sociedad llega a conocer las dimensiones estructurales e institucionales de la violencia y a diseñar iniciativas de carácter preventivo que impidan la repetición futura de hechos de esta índole.2

Un aspecto insoslayable de la apertura a ese disenso democrático y democratizador pasa necesariamente entonces por preguntar cuál es la situación de las víctimas antes de la transición y los acuerdos de paz: ¿Qué posición ocupan ellas en la sociedad? ¿Han logrado ganar una identidad colectiva o permanecen anónimas? ¿Han accedido al espacio público o están relegadas al ostracismo? ¿Cuáles son los peligros que aún se ciernen sobre ellas, y en especial sobre las comunidades en riesgo de extinción? ¿Cuáles han sido los rasgos de las modalidades de victimización que han determinado su situación actual? ¿En qué medida el daño sufrido por una comunidad dada ha afectado al conjunto de la sociedad? ¿Qué procedimientos y medidas se requerirán para que esos grupos forzados a la marginalidad participen en la controversia pública sobre los crímenes del pasado? En este trabajo se abordarán esas preguntas referidas al contexto colombiano. En las siguientes tres secciones se tratará, en primer lugar, la cuestión de quiénes son las víctimas y en qué consisten los hechos de victimización sistemática y generalizada, y específicamente, el crimen de genocidio. En un segundo momento, se entrará a dilucidar la situación de un sector de víctimas; aquellas que ha dejado la violencia dirigida contra los grupos de oposición política, y en particular, contra el movimiento Unión Patriótica. Por último, se tomarán en consideración las consecuencias que esa clase de violencia ha generado para las personas directamente afectadas, la organización política y, en general, la sociedad colombiana.

LAS VÍCTIMAS

Construir un espacio favorable a la salida de la sumatoria de violencias que padece Colombia exige procesos de verdad, justicia y reparación proporcionalmente complejos a las dimensiones que ha adquirido el conflicto armado. Procesos que propicien, entre otros hechos, la catarsis del sufrimiento acumulado por décadas, el diálogo de memorias, la instauración del sentimiento de justicia, la

2 Nota de la compiladora: Sobre la necesidad de incluir a las víctimas en los procesos de justicia transicional ver también los capítulos de Leonardo Filippini y Lisa Magarrell y de Adolfo Chaparro en este libro.

remoción definitiva de las causas del daño sociológico y moral causado. Dichos procesos deben incluir, desde un principio, la perspectiva de las víctimas no sólo desde el horizonte de sus derechos formalmente enunciados, sino también de la emergencia pública de su identidad social.

Pero este último presupuesto no es aceptado sin discusión. Existe la tendencia a pensar que dadas las cadenas de venganza que se han ido entretejiendo en la larga trayectoria del conflicto armado colombiano, la diferencia entre víctimas y victimarios se hace difícil, cuando no impracticable. Los niveles de reciprocidad y "simetría" de la violencia no permitirían distinguir con transparencia la responsabilidad individual o colectiva. La proliferación de zonas grises en el cuerpo social—aquellas que al decir del pensador Primo Levi están pobladas de figuras ambiguas de víctimas que al mismo tiempo son victimarios—haría superfluo cualquier propósito de divisiones taxativas (Levi, 1986).3

Ciertamente, los intentos de simplificación no dan cuenta satisfactoriamente de la espesa trama de este conflicto de medio siglo. En Colombia, más que en muchos otros países en los que se han producido transiciones, se precisan miradas analíticas que resalten los tonos variados propios de la violencia de raíces heterogéneas y de larga duración. Sin embargo, como el propio Levi aconseja, para entrar a hacer esas distinciones, no ha de perderse de vista que en toda circunstancia se puede, y se debe, establecer la distinción entre víctimas y autores de las atrocidades. Sin esa diferencia de fondo, comenzar por la inclusión de los matices terminaría desvaneciendo cualquier sentido de responsabilidad, legitimando lo que ha ocurrido, y forzando un consenso en el que los principales responsables de los crímenes terminarían por imponer a la sociedad los criterios normativos de la transición. Antes de introducir matices en el tratamiento de los grados de responsabilidad que existen, un postulado básico es que sea reconocida la totalidad de los protagonistas y su papel. De una parte, la identidad de todos los sectores que han auspiciado o conducido la violencia: no únicamente la de los grupos armados ilegales, sino además la de poderosos estamentos estatales y privados y la de los actores internacionales que han contribuido a diseñar estrategias de guerra. De otra parte, la existencia de muchas comunidades agredidas, cuya condición ignora la sociedad.

Precisamente por esta razón es pertinente que antes de considerar la condición de las víctimas de un sector particular—en el caso presente, las víctimas de la violencia política—se definan algunos conceptos que ayuden a clarificar las diferencias específicas de la posición y el rol social de quienes han sufrido los estragos de la guerra.

3 Nota de la compiladora: Sobre este punto, ver también la contribución de Iván Orozco a este libro.

La noción de víctima ha conocido un cambio radical en la historia de Occidente. En la Grecia antigua, la víctima (thyma) era la ofrenda sacrificial que la comunidad estaba dispuesta a entregar a fin de restablecer el orden cósmico y apaciguar a los dioses. La víctima era el símbolo de la expiación de una falta colectiva, y en tal sentido era "inocente", una connotación también implícita en la figura del mártir cristiano, que entrega su vida para redimir a la humanidad de sus faltas.

La historia moderna se ha encargado de transformar esos significados originarios. Si bien algunas categorías de individuos o grupos catalogados como víctimas, son hoy percibidos positivamente a través de una identificación empática espontánea–tal como ocurre con los damnificados de los desastres naturales–las personas y comunidades agredidas en un conflicto político o social requieren demostrar su condición de inocencia y ganar un reconocimiento colectivo, pues su inculpación es parte del mismo proceso de la agresión inflingida. Mientras que en el primer caso la identificación positiva se desprende de que la mayoría de las personas reconocen su propia vulnerabilidad frente a los elementos de la naturaleza, en la segunda circunstancia, las personas que han sido objeto de la victimización intencional—que por definición involucra la acción de otros seres humanos—son frecuentemente responsabilizadas de aquello que les ha ocurrido. La víctima, en tanto que representa la reclamación de una injusticia sufrida, no es percibida como un factor de restablecimiento o continuidad de un determinado orden social, sino más bien como una expresión de desestabilización política (Stanciu, 1985). Esta constatación no se hace tan evidente al abordar hechos delictivos ocasionados por individuos particulares, pero sí salta a la vista al considerar las violaciones masivas a los derechos humanos o los actos de violencia ligados a un conflicto armado.4

4 En su jurisprudencia, la Corte Constitucional colombiana ha caracterizado de la siguiente forma esta distinción: "La Corte Constitucional considera que es necesario distinguir entre, de un lado, los hechos punibles en general y, de otro lado, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario. Esa diferenciación no es caprichosa sino que se funda en una constatación obvia (...): los derechos de las víctimas adquieren una importancia directamente proporcional a la gravedad del hecho punible. Entre más daño social ocasione un delito, mayor consideración merecen los derechos de quienes fueron víctimas o perjudicados por ese comportamiento. Igualmente, la obligación estatal de investigar los hechos punibles es también directamente proporcional a la manera como el hecho punible pudo afectar bienes jurídicos fundamentales. Entre más grave sea un hecho punible, mayor debe ser el compromiso del Estado por investigarlo y sancionar a los responsables, a fin de lograr la vigencia de un orden justo" (Constitución Política. Preámbulo y artículo 2°). Ahora bien, "las violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario configuran aquellos comportamientos que más intensamente desconocen la dignidad de las personas y más dolor provocan a las víctimas y a los perjudicados. Por ello, los derechos de las víctimas y perjudicados por esos abusos ameritan la más intensa protección y el deber del Estado de investigar y sancionar estos comportamientos adquiere mayor entidad" (Corte Constitucional, 2.003). Nota de la compiladora:

En estas circunstancias, la percepción colectiva de las víctimas está ligada a la red de significaciones que se instaura con relación a la tolerancia o el rechazo de las prácticas victimizantes, la identificación con los autores de esas prácticas o su condena y la forma en que se imponen o legitiman socialmente los actos de violencia extrema. La problemática de las víctimas, concebida desde la perspectiva de la dificultad que conlleva la aceptación pública de su realidad, se presenta de modo particularmente agudo en sociedades que atraviesan por enfrentamientos bélicos y por la polarización ideológica. En estas situaciones es común que ocurran hechos de violación de la dignidad humana a gran escala y que, por consiguiente, se apele a justificar o negar públicamente sucesos que tienen un carácter perturbador para la conciencia colectiva.

Para captar en toda su magnitud el carácter de esta clase de violaciones se impone volver sobre el contenido de aquellos crímenes en los que la victimización se constituye en una ofensa contra la conciencia de la humanidad por las modalidades de su ejecución, por la naturaleza de los agentes que la llevan a cabo y por las connotaciones que trae el daño causado. En el derecho internacional esta definición se ha construido a partir de la constatación de dos aspectos constitutivos de estas formas de violencia: por una parte, que son hechos brutales de carácter generalizado, y por otra, que son de índole sistemática.5

Se trata de acontecimientos de violencia generalizada, en la medida en que se presentan como acciones de destrucción contra una cantidad considerable de individuos y grupos, pero adicionalmente porque su radio de acción afecta, en ondas expansivas, tanto a quienes los sufren en carne propia, como al conjunto de la sociedad en la que tienen lugar; trascendiendo incluso en el tiempo y afectando con sus alcances dañinos a varias generaciones sucesivas. Se trata de una criminalidad, y un encubrimiento, de sistema, pues son aparatos (instituciones estatales, ejércitos, etc.) los que actúan, u omiten actuar, para reproducir la eficacia del estado de impunidad. Con relación al aparato estatal, al uso ilimitado de la fuerza por parte de los cuerpos militares y de los aparatos de seguridad, cabe agregar la

Sobre las posturas de la Corte Constitucional de Colombia frente a las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ver también las contribuciones de Catalina Botero y Esteban Restrepo en este libro.

5 Algunos de los instrumentos internacionales que consagran la tipificación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como del genocidio, son las cartas de los tribunales militares internacionales de Nuremberg (1945) y Tokio (1946); la Convención para la prevención y la represión del crimen de Genocidio (1948), la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad (1968), el Protocolo adicional a las convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I, 1977), los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (1993), del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994) y del Tribunal Penal Internacional (1998).

adopción de normas arbitrarias por parte del poder legislativo y la ineficiencia, o la actuación parcializada, del sistema judicial. En el caso de los conflictos armados, y de los crímenes de guerra, el carácter distintivo de la vulneración de las víctimas tiene su origen en el hecho de que son agentes armados u organizaciones militares los que atentan contra individuos o comunidades civiles.

Dadas sus connotaciones destructivas, el genocidio—que la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio de 1948, definió como la acción criminal destinada a acabar, total o parcialmente, grupos de carácter nacional, étnico, racial o religioso—ocupa un capítulo aparte dentro de estas categorías. Siguiendo a Semelin, los genocidios, como en general las matanzas globales, son "procesos organizados de destrucción de civiles", o, en otras palabras, acciones que se presentan en determinadas circunstancias históricas, en las que de modo planificado y estructurado se procede a la devastación de un grupo particular de civiles y de su entorno social y biológico (Semelin, 2002). La definición de estos rasgos distintivos de los crímenes contra la humanidad ha sido fruto de un largo desarrollo histórico en el que la comunidad de naciones ha avanzado en la prohibición normativa de una serie de comportamientos, al punto de considerar su proscripción como parte del ius cogens, los principios imperativos internacionales de más alto rango (Gutman y Rieff, 2003).

Establecidas estas definiciones, puede afirmarse que cualquier pretensión de igualar la condición de la víctima y la del victimario en casos de violencia masiva y sistemática es un abierto desconocimiento de la naturaleza de esta clase de atrocidades. Por tanto, conceptos como violencia "recíproca" o "simétrica" niegan, o al menos encubren, la evidente asimetría que existe entre la potencia destructiva del agente de la violencia sistemática y el estado de indefensión de quienes reciben el impacto de este accionar.6

Ese desequilibrio total se traduce, así mismo, en el estado de impunidad como campo preparatorio y posterior de afianzamiento de esa asimetría. La impunidad se define por la ausencia, normativa o fáctica, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de su responsabilidad civil, su arresto, su juzgamiento y su condena a penas apropiadas y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas.7

6 Este comentario es válido para el tratamiento del tema que hace Rajeev Bhargava, citado en Orozco (2002).

7 De este modo lo define el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, redactado por el relator especial sobre la impunidad, L. Joinet (1997). En este informe se encuentran formulados los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Pero, además de la denegación de sanciones adecuadas por parte de las instituciones judiciales, la impunidad es también la validación social del afianzamiento de un estado de cosas en el que no sólo no se reprime el crimen cometido, sino que se convalida la posición de sus gestores como detentadores del poder y los bienes adquiridos a costa de la eliminación de las víctimas. La impunidad es la consagración legal y política de un modelo en el que los autores de los crímenes disfrutan de lo que han arrebatado a sus víctimas: las posiciones políticas, los bienes económicos y el prestigio social que emana de su poder. Como ocurrió en Argentina, hasta los hijos de las víctimas se convierten en parte del botín de guerra.8

Desde este ángulo, la construcción de las identidades sociales alrededor de los hechos de violencia en el estado de impunidad se desprende de la paulatina normalización de significaciones que deforman o, simple y llanamente, aniquilan la identidad de la víctima y esconden o enaltecen la identidad de los verdugos. La ejecución del acto criminal se ideologiza por medio de discursos y representaciones que persiguen la polarización de la opinión pública, la aceptación colectiva de la abyección y la naturalización de las atrocidades en masa como algo necesario. Para obtener el respaldo de amplias capas de la sociedad se trabaja la aprobación tácita o explícita de los móviles de los delitos, o se niega que estos hayan tenido lugar.

Es cierto que las formas de violencia masiva no son exclusivamente el fruto de una preparación racional: la dinámica de devastación que engendran las matanzas, y sus eventuales reacciones de venganza, en muchas ocasiones no son controlables ni previsibles por operaciones de planificación. No obstante, se ha establecido que la realización de los actos despiadados a gran escala es un proceso organizado que cuenta con la creación de un espectro simbólico y lingüístico, de un marco legislativo, de estructuras institucionales y parainstitucionales, de estrategias de comunicación, y de otros dispositivos que integran paulatinamente un sistema que valida comportamientos colectivos que, en otras circunstancias, serían juzgados como reprensibles.

La preparación de la opinión pública para los actos de violencia inédita comienza regularmente cuando se alienta el miedo, se genera la desconfianza y se logra implantar el odio generalizado. Para que sea aceptado socialmente el recurso al empleo ilimitado de la fuerza es indispensable que previamente se alcance un

8 Durante la dictadura militar en Argentina, muchos de los detenidos-desparecidos fueron secuestrados con sus niños. Algunas mujeres secuestradas estaban embarazadas y sus hijos nacieron en los centros clandestinos de detención. Los niños fueron entregados a personas pertenecientes al círculo social más cercano de los jefes de las fuerzas militares. Las organizaciones de derechos humanos, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, han denunciado que existían listas de espera para la adjudicación de bebés nacidos en las cárceles. Los niños fueron adoptados por los propios asesinos de sus padres.

estado anímico colectivo que induzca al ciudadano medio a la convicción de que frente a una condición amenazante se requiere a toda costa la arbitrariedad de un poder autoritario. La difusión de tales mecanismos de exclusión entraña un proceso progresivo de segregación de sectores o grupos que componen la comunidad. La deshumanización de quienes serán exterminados o sometidos es el resultado de una gradual incitación al odio que va desde pequeños gestos cotidianos—naturalizar términos denigrantes—hasta la generación de un ambiente propicio en el que episodios cruentos son percibidos como algo normal, e incluso deseable. De ese clima favorable hace parte también la expedición de normas que disponen, sutil o abiertamente, la suspensión o derogación de derechos fundamentales. Una vez creado ese ambiente favorable que estimula los desmanes, están dadas las condiciones para que se produzca el paso a conductas criminales sin despertar fuertes resistencias.9

En los casos de conflictos armados, el argumento que se utiliza es el de que la guerra tiene una "espiral inexorable", que reduce los ataques contra civiles a "excesos involuntarios".10 La existencia de diversos agentes de violencia e inseguridad permite que crímenes sistemáticos cometidos contra grupos específicos de la población sean atribuidos a fuerzas indeterminadas, o a respuestas justificadas contra los "aliados civiles" de los enemigos armados. La confusión reinante en el marco de la violencia generalizada sirve para hacer plausible la trasgresión o el desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y para excusar cualquier ataque contra comunidades desarmadas o contra opositores legales.

Así, el desarrollo sistemático de la culpabilización pública de las víctimas a partir de la transferencia a ellas de la responsabilidad por el daño que se les causa, y la legitimación de su sometimiento o exterminio bajo el pretexto de su peligrosidad, desemboca en que los argumentos justificatorios lleguen a ser socialmente admitidos. En tal circunstancia se configura la aceptación colectiva de una total inversión de sentido: sobre la víctima recae la presunción de culpabili-

9 Las políticas de exterminación masiva puestas en práctica bajo el régimen nacional-socialista en Alemania y Europa durante la Segunda Guerra Mundial, documentadas por el Tribunal Militar de Nuremberg, son el paradigma contemporáneo del carácter sistemático que puede alcanzar la empresa de las matanzas a gran escala.

10 En el análisis de Fernando Estrada Gallego (2001), se estudian algunas de las modalidades de justificación de la participación en la guerra y de los actos de violencia que se cometen en ella, como la aceptación de una lógica inevitable, que involucra inercialmente a todo aquel que se atraviesa en su camino, y que se desata sin que los agentes de la violencia tengan responsabilidad sobre sus efectos o sus propios actos. En una de las citas del texto, el jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño afirma: "Yo quiero decirle al país que mi ética no admite el asesinato. La única muerte que se justifica, es la que se hace en legítima defensa. Con estas masacres lo que nos interesa es evitar un mal mayor (sic)" (Estrada, 2001: 58).

dad, y, por ende, la carga de la prueba de su inocencia, o incluso de su misma existencia, mientras que el perpetrador del daño goza de reconocimiento social y hasta de la ostentación de su propia condición de víctima que ha sido forzada a cometer actos de autodefensa o venganza.

Los períodos en los que se cometen las atrocidades en masa, o sus etapas posteriores, pueden caracterizarse además por la proliferación de discursos de carácter negacionista de lo que está aconteciendo o ya ha acontecido. Las tesis negacionistas pretenden cuestionar radicalmente la veracidad de la ocurrencia efectiva de los crímenes denunciados por las víctimas. Si los discursos justificatorios buscan encubrir los motivos que subyacen a los planes de exterminio, el negacionismo, por su parte, desconoce la existencia de los crímenes y las víctimas en sí mismos, desvirtuando las pruebas documentales, impugnando la veracidad de los testimonios de los sobrevivientes, o minimizando la singularidad de los genocidios y las masacres al compararlas con sucesos de venganza y delincuencia común.11

Tanto la justificación como la negación de lo que ha acontecido hace que el reconocimiento social buscado por las víctimas no consista sólo en que se admita nominalmente que han ocurrido violaciones a sus derechos esenciales. Esta aceptación formal puede significar simultáneamente la negación del contexto sociológico en el que se ha presentado el daño y la abstracción del sentido que explica las causas políticas de los ultrajes padecidos. El reconocimiento de la inocencia de las víctimas no representa el hacer de ellas seres desvalidos y sufrientes dignos de compasión; antes bien implica el respeto de su condición en tanto que sujetos sociales, cuya persecución no es justificable bajo ningún pretexto (Ternon, 2001).

Pese a tales deformaciones y procesos de negación, una realidad que tiende a afianzarse en el mundo actual es que las víctimas han ganado un papel central en las sociedades devastadas por la violencia. La consagración internacional de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, el surgimiento de sistemas internacionales de juzgamiento penal de las responsabilidades de los crímenes contra la humanidad, la creación de comisiones públicas de esclarecimiento, así como la atención al significado del trabajo de rememoración de lo sucedido, son apenas algunas de las señales visibles de este fenómeno.12

11 Uno de los episodios más elaborados de negacionismo de la historia contemporánea es aquel que ha acompañado al genocidio armenio. Hasta hoy, el Estado turco no ha reconocido que entre 1915 y 1917 escuadrones de la muerte del Imperio Otomano asesinaron a cerca de un millón de armenios en matanzas periódicas. La Unión Europea no ha tomado la decisión de condicionar el ingreso de Turquía a esa comunidad a este reconocimiento.

12 En Colombia este aspecto del contexto internacional sobre el tratamiento de los crímenes atroces se ha plasmado en la recomendación que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Las razones de dicho protagonismo se desprenden de al menos tres de las funciones que cumplen los grupos organizados o las personas que han padecido o han sido testigos de los crímenes. En primer lugar, los sobrevivientes del desastre son la memoria viviente tanto de la violencia como del significado de la existencia de quienes han sido asesinados. Cuando estos testigos de excepción narran públicamente lo que vieron, oyeron y soportaron, logran que la sociedad recuerde que no debe caer en el engaño de los olvidos forzados y artificiales. El impacto que tiene la intervención de las personas afectadas por los fenómenos de criminalidad ante las comisiones extrajudiciales de esclarecimiento y la difusión de sus testimonios a través de los medios de comunicación son un buen ejemplo de la función rememorativa que cumplen las víctimas.

En segunda instancia, los familiares de los asesinados y "desaparecidos" son los sujetos sociales que impulsan y acompañan de manera más eficaz la labor de los tribunales de justicia y de las instituciones encargadas de dilucidar las graves violaciones a los derechos humanos. Si el sistema judicial o los órganos de control del Estado muestran debilidad e inoperancia, son frecuentemente las personas próximas a las víctimas directas quienes emprenden la labor de investigación, documentando y haciendo seguimiento a las diligencias judiciales. En no pocos casos, ellas localizan a los testigos presenciales de los hechos, reúnen los elementos probatorios y se encargan de mantener la atención de los agentes estatales encargados de la administración de justicia en los casos respectivos.13 Por último, las víctimas cumplen un papel ético al garantizar que en la controversia social, en medio de las transacciones que exigen las negociaciones de paz, un sector de la sociedad mantendrá perseverantemente el sentido de la dignidad humana con relación a los crímenes del pasado.

La aparición de las víctimas como sujetos públicos de memoria y justicia es un proceso que supone el rompimiento del estado de marginalidad al que éstas han sido sometidas durante las épocas de guerra y terror. El rompimiento de la segregación social implica enfrentarse a un conjunto de obstáculos, de los cuales el primero es el escaso valor atribuido a la palabra de la víctima en comparación con la legitimidad social que han alcanzado las tesis justificatorias o negacionistas del victimario como expresión de la asimetría de poder que aquí ya se ha mencionado. Primo Levi, al comienzo de su obra Les naugragés et les rescapés (Los

Humanos ha formulado al Estado colombiano en el sentido de que ningún acuerdo de paz al que se llegue en el futuro deberá crear obstáculos para hacer justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. De este modo, la ONU ha recomendado al gobierno nacional y al Congreso de la República que en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, se honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación (ONU, 2003: parr. 40: 168).

13 Así ha ocurrido en el caso de la investigación por el homicidio contra el senador de la República Manuel Cepeda Vargas, como también en muchos otros casos de crímenes de lesa humanidad en Colombia.

hundidos y los salvados), se refiere a ello cuando recuerda el relato del sobreviviente del Holocausto judío, Simon Wiesenthal, acerca de que una de las cínicas advertencias que hacían a menudo los nazis en los campos de concentración era que la historia de lo allí ocurrido de todas formas la escribirían ellos: "Ninguno de ustedes quedará vivo para testimoniarlo, y si algunos pocos llegan a escapar a la muerte, el mundo no les creerá. (...) La gente dirá que los hechos que ustedes cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos" (Levi, 1986: 11).

Mas no se trata tan sólo de que la magnitud de la violencia en masa y su crueldad escapen a las representaciones acostumbradas del entendimiento humano, sino que, además, en sociedades que han atravesado por conflictos armados o por regímenes dictatoriales, la credibilidad es una de las premisas de la convivencia que ha sido gravemente deteriorada. El carácter absurdo de la violencia sufrida o presenciada, que ha significado la ruptura del mismo lazo social, provoca el escepticismo general acerca de la plausibilidad de los relatos de los sobrevivientes. Ante la necesidad de transmitir la experiencia violenta, el testigo se ve precisado a hacer un esfuerzo de reconstrucción que haga coherente la narración de hechos que portan en sí mismos un contenido desestructurante.

A esto se suma que las víctimas no se oponen sólo a una versión de los acontecimientos, sino a todo el aparato cultural que sostiene dicha versión. La cuestión que se plantea no es sólo si los sobrevivientes deciden hablar, a pesar del ambiente de incredulidad y de las políticas de silencio y de terror impuestas. Con frecuencia ellos también necesitan acompañar esta decisión de hacer público su relato con el trabajo encaminado a crear sus propios medios de expresión y a ganar espacios en los que su palabra sea escuchada. No basta con que las víctimas entreguen su testimonio al funcionario judicial: para lograr que su relato alcance un lugar en la historia, deben crear sus propias fuentes y compilaciones documentales que puedan confrontarse con la documentación de los archivos oficiales. En la tarea de conquistar la capacidad de socializar su palabra, las víctimas generan un movimiento de organización social del testimonio y bases documentales propias.

Entre los numerosos ejemplos de la organización social del testimonio se destaca, entre otras, la experiencia llevada a cabo en Guatemala por las víctimas, sus organizaciones y las comunidades de base de la Iglesia Católica a través del proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica (REMHI). Dicho proyecto involucró vastos segmentos de la sociedad guatemalteca y creó redes en todos los rincones del país a través de las cuales se pudieron recoger y procesar miles de testimonios acerca de por qué y cómo se adelantó el genocidio contra la población en los años de la guerra en ese país. El informe del REMHI fue la base testimonial y documental más importante que empleó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico—resultado de los acuerdos de paz entre el Estado guatemalteco y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)—y de su documento de conclusiones titulado Guatemala, memoria del silencio. Una experiencia en esa misma dirección es el proyecto "Colombia Nunca Más", un proyecto interorganizacional actualmente en proceso de reedición, que hasta ahora ha documentado cerca de 41,400 casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos entre los años 1966 y 1998 en Colombia.14

Esas mismas vicisitudes que entraña alcanzar la visibilidad en el espacio público y hacer uso de la palabra en él se convierten en aspecto importante del propio testimonio, el cual no es únicamente el compendio de un hecho criminal o de una violación aislada, sino que contiene los elementos de sentido de los acontecimientos que han lesionado gravemente a la sociedad entera. Desde esta perspectiva, el testimonio aparece como la crónica del camino que han tenido que recorrer las víctimas para conquistar su derecho a la palabra y para suscitar la voluntad política en materia de justicia y reparación. El testimonio, especialmente cuando se presenta de manera colectiva, es un acto que trasciende la elaboración del duelo individual para convertirse en parte de la transformación democrática de una sociedad que ha soportado la guerra y el totalitarismo.

LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA

Un medio para ilustrar estas premisas iniciales es el análisis concreto de la condición de sectores victimizados particulares, y, en especial, de aquellos que están en situación de alto riesgo, o, en otras palabras, que afrontan el peligro de ser exterminados. En Colombia, dichas comunidades civiles en riesgo abarcan minorías étnicas, colectividades cuya actividad social o política ha tenido como respuesta acciones de persecución y poblaciones que se han visto forzadas al desplazamiento o al exilio.15

14 Del proyecto forman parte las organizaciones Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fundación Comité Solidaridad con Presos Políticos, CREDHOS, Justicia y Paz, Corporación Yira Castro, Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Comisión de Justicia y Paz y Reverencia con la Creación, Misioneros Claretianos Provincia Oriental, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), Corporación Semillas de Libertad, Corporación Jurídica Libertad, Comunidad y Vida, Corporación Servicios Profesionales Comunitarios (SEMBRAR), Humanidad Vigente, Fundación "Manuel Cepeda Vargas" y Asociación de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas (AFADDES).

15 En un informe reciente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los pueblos indígenas señala que los asesinatos colectivos que se están perpetrando contra numerosas comunidades indígenas en Colombia son "verdaderos genocidios y etnocidios" y recomienda recurrir al mecanismo de prevención del genocidio de las Naciones Unidas para evitar la extinción de algunas de estas comunidades (ONU, 2004: parr. 29: 115).

En este texto se aborda un caso emblemático de estas colectividades en alto riesgo, cuya situación permite percibir las dimensiones reales que tiene la estigmatización de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, los obstáculos que dificultan un proceso de identificación social con ellos y el apoyo, o por lo menos la tolerancia, a la actuación criminal en su contra. Este es el caso de la cadena de asesinatos y hostigamientos de los que, desde hace veinte años, ha sido objeto el movimiento de oposición Unión Patriótica (UP), hechos que los integrantes de la colectividad reclaman que sean tipificados como un genocidio por móviles políticos. Como se indicó en la anterior sección, la definición internacional de genocidio no admite todavía que los exterminios de organizaciones políticas sean tipificados bajo esta categoría de crímenes contra la humanidad. No obstante, el artículo primero de la parte especial del Código Penal vigente en Colombia, sí considera la definición de genocidio por móviles de carácter político.

Ciertamente, éste no es el único caso de criminalidad sistemática que se ha practicado en Colombia contra los movimientos de oposición política. El crimen y la persecución de los opositores han sido factores que han operado a lo largo de toda la historia contemporánea del país y que han impedido el surgimiento de opciones pluralistas y de un espacio público democrático. No obstante, lo específico de lo acontecido con la UP y el Partido Comunista—su componente mayoritario—es que la intención de los autores de los homicidios ha sido eliminar físicamente a sus integrantes mediante una progresiva aniquilación, pero, además, erradicar todos los elementos de su modo de vida y de su entorno social. Con ese fin, paralelamente a operaciones de persecución, se ha intentado borrar toda prueba o huella visible de lo ocurrido.

La desaparición de una formación política por obra de la acción criminal es una catástrofe que tiene variadas connotaciones sociales y éticas, cuyo análisis permite vislumbrar los desafíos que presentará la superación de la violencia en Colombia. Sus secuelas afectan directamente al entorno familiar o partidario de las víctimas y lesionan de múltiples maneras a la sociedad en su conjunto. Su estudio permite conocer lecciones importantes acerca de las implicaciones que tiene la estigmatización de los opositores ideológicos en medio de la guerra, o en una situación en la que se persigue la paz por la vía de los diálogos y las negociaciones.

En el análisis de las repercusiones de este sombrío episodio de la historia reciente del país se encuentran las explicaciones del por qué parte de los perpetradores de los crímenes disfrutan de un alto grado de prestancia social, mientras que muchas de sus víctimas viven en la segregación y el silencio. El genocidio contra la UP ha diezmado sus filas, debilitado o liquidado sus estructuras organizativas, reducido significativamente su espacio político y golpeado severamente su entorno social. La eliminación de sus figuras dirigentes y de una gran parte de sus miembros—personas que se cualificaron y acumularon experiencia en la vida política durante décadas—representa la pérdida de un capital humano inestimable.

En 1984, bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas se firmaron los Acuerdos de la Uribe entre los representantes del Estado y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este pacto se explicitó el compromiso del gobierno nacional de generar condiciones propicias para que el grupo guerrillero pudiera "organizarse política, económica y socialmente". Este punto particular de los acuerdos dio lugar al surgimiento del movimiento político Unión Patriótica. El compromiso estipulaba que el Gobierno haría recaer "todo el peso de la ley" sobre el ciudadano o la autoridad que conculcara a los miembros de la UP sus derechos y libertades fundamentales. A esta iniciativa adhirieron diversas vertientes ideológicas que compartían como objetivo común la búsqueda de la paz por medio de reformas democráticas. En calidad de formación pluralista de oposición, la UP esbozó un programa en el que proponía, entre otros puntos, la elaboración de una nueva carta constitucional, idea que se hizo realidad en 1991 a través de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de otras fuerzas políticas. La originalidad del proyecto político de la UP residía en que ensayaba el camino de la reconciliación en una negociación de paz que apenas comenzaba a gestarse. Sin embargo, meses después de la presentación pública del nuevo movimiento, diversos actos de violación a los acuerdos condujeron al fracaso de la negociación. La guerrilla se replegó a sus zonas de influencia y en el espacio público quedó la Unión Patriótica.

Según los líderes del grupo político, el saldo de los actos atroces perpetrados en su contra desde ese entonces hasta hoy se aproxima a las cinco mil personas asesinadas o "desaparecidas", entre quienes se cuentan dos candidatos a la Presidencia de la República, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales. Casi la totalidad de estos homicidios se encuentra en la impunidad. Detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros del movimiento, poblaciones desplazadas en sus zonas de influencia, familias enteras exiliadas y atentados dinamiteros contra sus oficinas, completan el cuadro de destrucción y muerte.

En el origen de esta "guerra sucia" se percibe la autoría del aparato estatal y de grupos paramilitares. A pesar de que las autoridades se niegan a reconocerlo, o han intentado inculpar a "fuerzas oscuras", los voceros del movimiento de oposición perseguido han denunciado la existencia de al menos cinco operaciones de exterminio diseñadas desde altas esferas estatales. Los planes militares "Esmeralda" (1988) y "Retorno" (1993) habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos de Meta, Caquetá y en la

región de Urabá. La "Operación Cóndor" (1985) y los planes "Baile rojo" (1986) y "Golpe de gracia" (1992) habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas (Matta, 2002). Así ha sido sustentado con evidencia testimonial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en la que cursa actualmente el caso del exterminio de la colectividad política.16

Estos planes tuvieron diferentes pautas de persecución que siguen siendo utilizadas hasta hoy. En algunas de las regiones—como, por ejemplo, en el departamento de Norte de Santander—la estrategia de aniquilación ha tomado la forma de un proceso ascendente. Primero se elimina a las bases sociales y a las estructuras locales del movimiento, para luego arrinconar y liquidar a los líderes regionales que han sobrevivido. El empleo de métodos de tortura y de tratamientos crueles, practicados regularmente en medio de masacres, para escarmentar a la población acerca de las implicaciones que tiene su simpatía con los militantes de izquierda, ha sido un eficaz complemento para lograr el aislamiento social de los sobrevivientes o el desplazamiento de quienes no se resignan a abandonar las regiones. En otras zonas del país—como en el departamento del Meta—la eliminación de los dirigentes se intensificó en los primeros años, luego vino un período de relativa calma que antecedió a operaciones de terror realizadas con el objeto de provocar el desplazamiento masivo de la base social. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, en determinados sitios fue la Fuerza Pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron grupos paramilitares o el mismo Ejército encubierto con prendas distintivas de los grupos paramilitares.17

Los homicidios llevados a cabo en los municipios y localidades han buscado erradicar la competencia electoral que representa la Izquierda—en efecto, los momentos en los que se intensifican los homicidios han sido los períodos de elecciones—y también resolver los conflictos laborales, los problemas de tenencia de tierras o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. Entre los perseguidos se cuentan personas que, además de su filiación política, tenían también una filiación sindical o eran miembros de movimientos cívicos y

16 En 1997, mediante el informe 5/97 la CIDH admitió el caso 11.227 en el que a solicitud de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas se examina el proceso de exterminio contra la UP.

17 Algunas actuaciones e investigaciones judiciales han comenzado a demostrar la responsabilidad de agentes estatales y de miembros de los grupos paramilitares en esta eliminación sistemática. Entre ellas se destacan las sentencias penales en los casos de los asesinatos del candidato a la Presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa, del senador de la República Manuel Cepeda Vargas y del director del periódico La Opinión del Magdalena Medio, Ismael Jaimes Cortés, así como la investigación por el atentado contra el dirigente Wilson Borja. En esos casos han sido formalmente sentenciados o vinculados agentes de la Fuerza Pública y jefes de los grupos paramilitares.

organizaciones comunitarias, educadores y personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización. Como puede verse, la interpretación de que este exterminio ha sido una "cuenta de cobro" a la guerrilla esconde, entre otras cosas, la desarticulación de movimientos lícitos de oposición social.18

Contra los dirigentes nacionales, los candidatos a la Presidencia de la República y los parlamentarios la táctica empleada ha sido la del atentado individual, utilizando para ese fin diversas modalidades de operaciones soterradas: contratación de sicarios adolescentes, operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del Ejército y grupos paramilitares, y acción directa de los escuadrones de la muerte. Así ocurrieron los asesinatos de los dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1987 y 1990, respectivamente.

Muchos de los sobrevivientes han tenido que huir al exilio o desplazarse de las zonas de influencia de la organización. En 1996, luego de un atentado con rocket del que salió ilesa, la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Abella Esquivel, tuvo que partir al exilio. Así mismo, como ha sido documentado en el expediente del caso ante la CIDH, se han refugiado cerca de doscientas familias de personas perseguidas y se han ejecutado treinta atentados dinamiteros contra las sedes y oficinas del movimiento. Como se dijo, casi la totalidad de los casos denunciados está en la impunidad y ni siquiera ha llegado a la etapa de investigación judicial. Así, por ejemplo, en un informe especial sobre esta situación, el Defensor del Pueblo señaló que de más de setecientos casos de violencia cometidos contra la UP hasta comienzos de la década de 1990, tan sólo en cuatro de ellos la justicia colombiana había producido sentencias condenatorias (Córdoba Triviño, 1992).

Tras la aniquilación física del grupo político, se legalizó su defunción con una decisión administrativa. El 30 de septiembre de 2002, el Gobierno dictó la Resolución No. 5659 en la que retiró el estatuto legal para el funcionamiento del grupo de oposición. El Consejo Nacional Electoral justificó la medida afirmando que la UP "no reunía el número de sufragios electorales necesarios" para mantener su personería jurídica. Sumado a lo anterior, esta cadena de crímenes y persecuciones no ha cesado de cobrar vidas hasta el presente. Según la Corporación Reiniciar, entre el año 2002 y el 2004, los grupos paramilitares—que anunciaron un cese de hostilidades como parte de su desmovilización—han asesinado a más de ciento cincuenta personas de la organización.

18 Así lo documenta Gaviria (2004: 88-90), según la cual de un total de 689 homicidios registrados para el período analizado, sólo seis casos correspondían a guerrilleros en tregua.

LA SEGREGACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

¿Cómo ha sido posible que un genocidio continuado durante los últimos veinte años se haya desarrollado sin una reacción ciudadana significativa? ¿Hasta qué punto la lógica de los victimarios ha sido acogida por la sociedad? Es difícil asegurar que la mayoría de los colombianos se identifiquen con quienes han cometido este genocidio, pero lo que sí puede asegurarse es que, en todo caso, vastos sectores sociales han tenido una actitud complaciente e indiferente ante este fenómeno de violencia masiva.

Tanto la criminalización de un grupo humano particular como la legitimación de la agresión generalizada exigen reducir a las víctimas al ostracismo social, un estado de deshumanización en el que mediante procedimientos de exclusión se haya creado el sentimiento colectivo de que los miembros de ese grupo han dejado de pertenecer a la especie humana, o que, por lo menos, tienen una condición inferior que los hace merecedores de toda clase de ultrajes. La segregación de las víctimas es entonces al mismo tiempo un requisito y un efecto directo de la victimización.

Con relación a los miembros y líderes de la UP, la progresiva segregación social ha comenzado con la realización de campañas denigratorias o de declaraciones públicas que incitan, abierta o veladamente, a la violencia.19 El argumento central de esta apología del odio ha consistido en relativizar el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, catalogando a los adversarios desarmados como colaboradores de la guerrilla en la legalidad. Tales acusaciones se han hecho, y se continúan haciendo, a pesar de que quienes crean ese ambiente de animadversión pública saben bien que el Estado colombiano posee los instrumentos normativos y jurídicos necesarios para reprimir a los grupos

19 Un caso ejemplar, entre tantos otros, de las consecuencias de esta incitación a la violencia son los hechos que han precedido a algunos de los magnicidios de dirigentes de la UP. El 19 de marzo de 1990, en un debate en el parlamento con el recién elegido senador de la República, Bernardo Jaramillo Ossa, el entonces ministro de gobierno, Carlos Lemos Simmonds, inculpó a los líderes de la UP de ser "testaferros políticos de la guerrilla". Jaramillo Ossa –conocido por sus críticas abiertas a la guerrilla– respondió que acusaciones como esas equivalían a "colgarle lápidas en el cuello a los dirigentes de la oposición". Como se recuerda, tres días más tarde, el joven dirigente fue asesinado en el aeropuerto de Bogotá cuando se disponía a tomar un vuelo nacional rodeado de una nutrida escolta policial. Cuando el movimiento de oposición ha denunciado las instigaciones o planes que persiguen su exterminio, las autoridades han trivializado las denuncias. En 1993, por ejemplo, miembros de la dirección de la UP se reunieron con varios ministros del gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, para denunciar la existencia de una nueva operación en su contra, el plan "Golpe de Gracia", elaborado, según sus informaciones, por el alto mando militar. A la salida de la reunión los voceros gubernamentales declararon ante los medios de comunicación que con estas acusaciones la Izquierda pretendía mejorar los resultados en las elecciones parlamentarias de 1994. Pocos meses después de estos hechos, varios líderes del movimiento fueron asesinados o fueron víctimas de atentados.

armados ilegales. De hecho, los órganos de seguridad y la Fuerza Pública no han escatimado esfuerzos por detener, procesar judicialmente y sancionar a las personas acusadas de sostener nexos con los grupos guerrilleros. La difusión de la retórica instigadora o justificatoria se ha plasmado en las declaraciones públicas de funcionarios estatales de los seis gobiernos durante los cuales ha transcurrido el genocidio, de oficiales de alto rango de la Fuerza Pública, jefes paramilitares, líderes políticos y empresariales, miembros de la jerarquía eclesiástica, directores de grandes medios de comunicación, y reconocidos académicos.20 El propio presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró durante la campaña electoral para su elección que el "error" cometido con la UP es comprensible, pues no es posible querer "combinar la política con los fusiles".21

El resultado de los constantes señalamientos, y de presentar a los miembros de la UP como una amenaza para la sociedad, es que se ha configurado un cuadro de estigmatización pública que valida cualquier forma de agresión. La dinámica de acusaciones, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola ininterrumpida de crímenes contra los militantes de izquierda se haya incorporado como un hecho habitual de la vida política del país, al punto de no suscitar ya asombro ni reacciones en las instituciones y líderes de opinión.22 La repetición cotidiana de hechos violentos que no suscitan ninguna reacción y la prolongada duración en el tiempo de este proceso letal constituyen el ambiente de "normalidad" que rodea un hecho de carácter abominable.

La estigmatización permanente del grupo político ha conducido a modalidades de segregación social. Una vez que se han aniquilado sus estructuras básicas, actualmente la persecución incluye el homicidio selectivo contra los viejos militantes con el fin de extinguir toda fuente de memoria viviente del genocidio, o de la historia del movimiento. También se persigue a los familiares

20 Tres ejemplos para la muestra: 1) En febrero de 1986, a pocas semanas de la elección de diputados locales y congresistas, la 45 Asamblea de la Conferencia Episcopal, bajo la dirección del cardenal Alfonso López Trujillo, emitió una declaración pública en la que expresó la condena de la alta jerarquía de la Iglesia Católica a las coaliciones electorales con la UP; 2) el 27 de octubre de 1988, se produjo un atentado dinamitero contra la "Casa del Pueblo", sede de la UP en el municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño. El pronunciamiento del gobierno estuvo a cargo del Ministro de Defensa, el general Rafael Samudio Molina. Ante los medios de comunicación, el alto oficial comentó: "Pues sería que tenían explosivos en su sede"; y 3) en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, el historiador David Bushnell afirma que la vendetta contra la UP fue obra de los narcotraficantes (Bushnell, 1996: 361 y 362).

21 Álvaro Uribe Vélez, Manifiesto democrático. 100 puntos del programa de gobierno.

22 La utilización corriente del término peyorativo "mamerto" para identificar a los miembros del Partido Comunista y, en general, de las agrupaciones de Izquierda, es claramente demostrativo del grado de incorporación social de una mentalidad segregacionista.

y, en no pocos casos, se ha desaparecido a familiares de los desaparecidos, o se ha asesinado a los familiares de los asesinados, lo que demuestra que la intención genocida persigue destruir al grupo político y a sus bases hasta las raíces. A los sobrevivientes del grupo o a su entorno se les aparta socialmente: en las ciudades, se les conmina a dejar su trabajo o su sitio de vivienda por temor a que ellos sean blanco de atentados, se les niega el crédito bancario o el cupo en los colegios para sus hijos; en las zonas rurales se les desplaza forzadamente, despojándolos de la tierra y de sus bienes. Esta situación de ostracismo social hace que los familiares de las víctimas directas tengan que llevar una vida anónima y guardar silencio en un ambiente hostil. No son pocos los casos en que bajo esta presión social los familiares caen en una depresión profunda, que puede llevarlos incluso hasta el suicidio. Las víctimas viven estas nuevas afrentas como una vulneración constante de su dignidad, y para muchas de ellas estas experiencias toman la forma de una interiorización de la culpa que se les ha impuesto socialmente. La incertidumbre ante la amenaza de ser sometidas a nuevos actos de vejación genera en ellas una sensación de indefensión e impotencia crónica.

Aunque podría pensarse que esta segregación progresiva perjudica exclusivamente al círculo social próximo a los afectados, existe un daño de naturaleza más general que se inflinge al propio cuerpo social. Desterrando violentamente a la oposición legal del espacio público se ha roto el principio de la libre controversia democrática de opciones ideológicas diversas. Al coartar la participación de una franja de la sociedad colombiana, la confianza en la política misma ha sido quebrantada y la legitimidad de las instituciones se ha visto severamente cuestionada.23 La violencia ejercida ha promovido la incredulidad acerca de la participación en los procedimientos de decisión pública, de ser elegido para desempeñar la representación popular, de hacer uso sin coacciones de la opinión política, o de intervenir en los procesos electorales. Así mismo, el conjunto de actos de terror perpetrados contra la UP ha constituido un rudo golpe para la búsqueda de la paz en Colombia. La persecución inclemente contra una organización fruto de acuerdos negociados, ha acentuado el miedo a ejercer libremente

23 Investigaciones recientes en el terreno de las Ciencias Sociales han establecido que la violencia contra la oposición política se recrudeció, especialmente, durante los períodos de apertura y descentralización políticas. En 1987, se expidieron normas que permitieron la elección popular de alcaldes, por primera vez en más de un siglo y medio de vida republicana. Dicho proceso de descentralización se profundizó con la adopción de la nueva Constitución en 1991. Pero paralelamente a esos avances en la participación política se intensificó la violencia en municipios y localidades y proliferaron los grupos paramilitares que impidieron, en muchas zonas del país, la participación democrática (Romero, 2003). Buena parte de esa violencia estuvo dirigida contra los candidatos locales de la UP y trajo como consecuencia un sentimiento generalizado de frustración tanto en la posibilidad de la participación local, como en la apertura política que prometía la nueva Constitución.

la oposición, ha creado un ambiente de escepticismo sobre la viabilidad de practicar la acción política de manera civil, y ha revitalizado permanentemente la convicción de quienes creen que sólo por la vía de las armas es factible abrirle paso a sus opciones ideológicas, ser escuchados o simplemente sobrevivir.

Por si fuera poco, la práctica de justificar los crímenes contra la humanidad ha conllevado la normalización del estado de impunidad generalizada: La mayoría de los autores materiales e intelectuales del genocidio contra la UP gozan prácticamente de inmunidad judicial. Algunos de ellos ostentan incluso el prestigio social de ser "ciudadanos de bien", a pesar de haber apoyado públicamente la ejecución de los crímenes. El genocidio ha sido premiado con recompensas económicas o con el disfrute de las posiciones políticas que los victimarios han arrebatado, por la fuerza, a los representantes del partido político desterrado de la escena pública. Otros han reconocido abiertamente la autoría de los crímenes, pero no para arrepentirse, sino para presentar sus acciones como parte de una "empresa patriótica", cuyos orígenes se remontan a episodios en los que ellos mismos fueron atacados.24 En otros términos, en una inversión perversa se trastocan los lugares entre los agredidos y los agresores.

CONCLUSIONES

Cuando se haya escrito, la historia de este genocidio deberá ser un libro abierto en el que especialmente las nuevas generaciones de la sociedad colombiana encuentren los elementos de juicio para criticar todo intento que persiga legitimar los crímenes perpetrados, para que puedan conocer exhaustivamente quiénes fueron las víctimas del terror y las verdaderas razones por las que fueron sometidas a una encarnizada persecución. En aras de contrarrestar las tesis justificatorias y el estado de impunidad de estos crímenes es deber del Estado colombiano llevar a cabo una serie de medidas de verdad, justicia y reparación. La primera de ellas es que se lleven a cabo procesos judiciales que terminen con la sanción ejemplar y el esclarecimiento pleno de las responsabilidades penales y políticas respectivas. En el futuro inmediato, se deben emprender, con carácter urgente, acciones preventivas que eviten la extinción del grupo político y su entorno social. Dado que el propósito de aniquilar a este grupo ha sido el fruto de mecanismos de terror que siguen actuando hoy, la disolución de las estructuras de violencia es parte sustancial de tales medidas preventivas.

24 De esta manera justificó los crímenes cometidos por su organización el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su discurso ante el Congreso de la República, el 28 de julio de 2004. Ver Salvatore Mancuso "Construyendo caminos por una Colombia libre, nueva y en paz", Autodefensas Unidas de Colombia, mimeo., distribuido en la ocasión.

En segundo lugar, con el fin de diseñar políticas de verdad y justicia es indispensable que avance exitosamente la búsqueda de una solución amistosa en el caso que se adelanta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.25 Que el Estado y los peticionarios llegasen a un acuerdo satisfactorio en este proceso paradigmático sería un gesto alentador para la sociedad colombiana, y evitaría que la justicia internacional tenga que pronunciarse al respecto. Sin embargo, no es un buen precedente en esta dirección que se creen mecanismos de impunidad en los diálogos con los grupos paramilitares—coautores de los crímenes contra la UP—y que se dedique atención exclusiva a la suerte de los desmovilizados, en contraste con la desidia gubernamental hacia la realidad de las víctimas.

En tercera instancia, es prioritario que se garanticen no sólo los derechos de las personas afectadas, individualmente consideradas, sino que se adopten iniciativas de reparación política. Dichas iniciativas no deben limitarse en ningún caso a decisiones de carácter meramente compensatorio (como devolver la personería jurídica arrebatada o conceder privilegios pasajeros a la organización política a la que pertenecían los militantes asesinados). Estas medidas puntuales carecerían de efecto reparador, si no se articulan con condiciones integrales que devuelvan a este movimiento su fuerza y presencia sociales y que brinden garantías tendientes a recomponer su espectro político—sus estructuras organizativas, su representación en las corporaciones públicas y la reconstrucción de sus sedes devastadas por atentados—creando las garantías necesarias para la difusión de sus propuestas y el restablecimiento de sus redes de apoyo social. Por último, un aspecto imprescindible de estas disposiciones es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y los sobrevivientes, expresado en la restauración de su buen nombre, en la afirmación pública de sus libertades y de su derecho a existir como fuerza política. Eso significa que en los programas de reparación han de ser incluidos mecanismos de difusión que permitan la expresión pública del testimonio de los sobrevivientes y familiares: apertura de los medios de comunicación oficiales a las víctimas, fortalecimiento de los medios de comunicación y prensa del propio movimiento político y la ejecución de normas legales tendientes a erradicar cualquier forma de incitación pública a la violencia y de justificación de la impunidad de los crímenes atroces.

25 En marzo de 2000, el Estado colombiano se comprometió ante la CIDH a buscar una serie de acuerdos que permitieran una solución amistosa en el caso colectivo de la UP. Con ese propósito se creó una Comisión Mixta entre el Gobierno Nacional, las organizaciones peticionarias y miembros de la dirección del movimiento político. El mandato de la Comisión es definir los términos que permitan el esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

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